Legislación

República Dominicana – Se profundiza la investigación sobre corrupción

Dos legisladores dominicanos vinculados a empresas de apuestas admitieron haber pagado sobornos mensuales a ex funcionarios del organismo regulador del juego. Según el Ministerio Público, funcionarios corruptos se llevaban alrededor de 400 dólares al mes en una trama que se llevó a cabo bajo la protección del entonces Ministro de Hacienda.

Los legisladores vinculados a las casas de apuestas, que no quisieron ser identificados, dijeron que habían pagado millones de pesos en dinero de extorsión. “Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Teníamos que pagar religiosamente todos los meses”, dijo un legislador al periódico local Diario Libre.

El otro diputado dijo al periódico que muchos establecimientos de apuestas deportivas y loterías quebraron debido a la presión de funcionarios corruptos durante la administración anterior. Según Diario Libre, hasta nueve diputados dominicanos son propietarios o forman parte de consorcios de empresas de juego.

La semana pasada los fiscales anunciaron que Diputado Sergio Moya, será imputado por presunta corrupción y ser parte de la estructura fraudulenta creada para desviar fondos de los negocios de juego. El jueves pasado el legislador negó las acusaciones en su contra y dijo que nunca había recibido dinero de manera irregular del Estado dominicano ni había presionado o cobrado a empresarios para que le dieran dinero.

El caso de corrupción, denominado Operación Calamar por la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (peca) involucra a más de una docena de políticos y ex miembros del gabinete. Según la acusación, en el período 2016-2020, altos funcionarios constituyeron una red de cobros ilegales que pueden haber amasado hasta 19,700 millones de pesos dominicanos, unos 360 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor caso de corrupción en República Dominicana.

En el caso anticorrupción también quedaron implicados los exdirectores de Casinos y Apuestas, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Los funcionarios fueron acusados ​​de permitir que casas de apuestas deportivas ilegales, loterías y máquinas tragamonedas permanecieran abiertas a cambio de sobornos.