Presentan nuevo proyecto de ley para regular el sector del juego en República Dominicana
presidente luis abinader ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a regular y supervisar el sector del juego en la República Dominicana, además de establecer mecanismos para prevenir el lavado de dinero.
Los puntos clave del proyecto de ley incluyen una estricta regulación del uso de máquinas tragamonedas, que solo podrán operar legalmente en casinos, hoteles de una a tres estrellas y casas de apuestas deportivas. La iniciativa incluye sanciones para quienes instalen estas máquinas en tiendas de barrio, centros de entretenimiento y salas de juego.
En cuanto al régimen fiscal, se propone que los casinos con entre una y 15 mesas paguen RD$55,853 por cada una, mientras que aquellos con más de 36 mesas deberán pagar RD$85,927 por unidad. Además, cada máquina tragamonedas estará sujeta a un impuesto mensual del 5% sobre las ventas brutas.
En el centro de la propuesta está la creación de la Dirección General de Juegos (DGJA), que fungirá como autoridad reguladora del sector y será la encargada de otorgar licencias de funcionamiento para un total de 15 modalidades de juegos definidas según lo dispuesto en el reglamento.
Estas modalidades incluyen casinos, casas de apuestas deportivas, locales de lotería, sorteos de loterías nacionales, bingos tradicionales y electrónicos, rifas benéficas y no benéficas, así como juegos de azar virtuales y en línea, entre otros.
La iniciativa también incluye una disposición transitoria, estableciendo una tarifa fija de RD$14,000 mensuales por cada máquina tragamonedas, hasta que las autoridades tributarias implementen un sistema tecnológico que permita calcular con precisión los ingresos generados.
La industria del juego en República Dominicana Fue el foco de un importante caso de corrupción en 2023 en el que están implicados más de una docena de políticos y ex miembros del gabinete. Según la acusación, en el período 2016-2020, altos funcionarios constituyeron una red de cobros ilegales que habría amasado hasta US$360 millones, convirtiéndose en el mayor caso de corrupción en República Dominicana.
