Punto de inflexión regulatorio en América Latina
A medida que los mercados de apuestas en Latinoamérica se expanden, Beatriz Martorello, vicepresidenta de Asuntos Legales y Regulatorios para Latinoamérica en Rush Street Interactive, analiza cómo jurisdicciones como Colombia, México y Perú están integrando el juego responsable en marcos regulatorios en constante evolución, al tiempo que advierte que la penetración del mercado ilegal y la fragmentación de la regulación siguen poniendo a prueba su eficacia. Martorello profundizará en estos temas en la Cumbre Internacional de Juegos de Azar de la IAGA 2026 en Sarasota, como parte del panel "Nuevos Mercados Emergentes a Observar".
El juego responsable, entendido como el conjunto de principios, instrumentos regulatorios y políticas públicas diseñadas para garantizar que las actividades de juego operen dentro de parámetros de seguridad, equidad y prevención de la adicción, ha evolucionado de un objetivo político dentro de la industria a un componente estructural de los marcos regulatorios en América Latina. La rápida expansión del ecosistema digital, impulsada por el creciente uso de dispositivos móviles y la proliferación de plataformas de apuestas en línea, ha generado nuevos patrones de exposición al riesgo que han obligado a los Estados a revisar y fortalecer sus marcos regulatorios. En este contexto, jurisdicciones como Colombia, México y Perú han adoptado modelos regulatorios distintos, incorporando disposiciones específicas de juego responsable como parte integral de la regulación de la industria, buscando mitigar externalidades adversas, proteger a los consumidores y asegurar el desarrollo sostenible del sector.
Colombia representa el ejemplo más destacado en Latinoamérica en el establecimiento de un marco regulatorio integral para los juegos en línea. La Ley 643 de 2001 sienta las bases del monopolio estatal de juegos de azar, administrado por Coljuegos, y desde 2016, los juegos en línea están formalmente autorizados. En materia de juego responsable, el instrumento regulatorio vigente es la Resolución N° 20244000022654 del 16 de octubre de 2024, que derogó el régimen anterior e introdujo un marco centrado en la promoción, la prevención y el autocuidado. Esta regulación incorpora obligaciones específicas para los operadores, incluyendo la implementación de mecanismos de autoexclusión y la presentación de informes anuales de cumplimiento sujetos a la supervisión de Coljuegos. Además, para 2026, se proyecta la formulación de una política pública integral sobre el tema, lo que refleja la consolidación institucional en curso.
En contraste, México presenta una estructura regulatoria menos desarrollada. Su marco legal se basa en la Ley Federal de Juegos y Loterías de 1947 y su Reglamento, modificado por última vez en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023. La supervisión es responsabilidad de la Dirección General de Juegos y Loterías de la Secretaría de Gobernación, dentro de un marco que históricamente ha carecido de disposiciones específicas sobre juegos en línea y juego responsable. Sin embargo, el propio Estado ha reconocido la obsolescencia del marco actual: en 2025, se anunció la preparación de una reforma integral para regular las apuestas en línea, junto con iniciativas legislativas para restringir la publicidad y fortalecer la protección de menores.
Por su parte, Perú representa el desarrollo regulatorio más reciente y tecnológicamente avanzado de la región. La Ley N° 31557 establece un régimen específico para los juegos y apuestas deportivas en línea, incorporando expresamente la protección de las poblaciones vulnerables mediante políticas de juego responsable como uno de sus objetivos declarados. Su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2023-MINCETUR, operacionaliza estos principios a través de requisitos técnicos, mecanismos de control y obligaciones de supervisión bajo el MINCETUR. Este enfoque posiciona el juego responsable como una obligación legalmente exigible y transversal para las operaciones del mercado.
A pesar de estos avances regulatorios, uno de los principales factores que limitan la eficacia de los marcos de juego responsable en América Latina es la alta penetración del mercado ilegal. En estos entornos, los operadores no están sujetos a obligaciones regulatorias, lo que resulta en la ausencia de mecanismos de protección al consumidor, herramientas de autocontrol y supervisión estatal. Esta situación genera una importante externalidad negativa al debilitar los incentivos para el cumplimiento en el mercado formal y socavar el impacto de las políticas públicas diseñadas para mitigar los riesgos relacionados con el juego.
La comparación con otras jurisdicciones resulta particularmente ilustrativa para comprender los distintos niveles de desarrollo del juego responsable. En Latinoamérica, los casos de Argentina y Brasil revelan trayectorias regulatorias distintas. Argentina opera bajo un modelo marcadamente descentralizado —sin una ley nacional específica para las apuestas en línea— en el que cada provincia establece su propio marco regulatorio, lo que da lugar a un panorama regulatorio fragmentado con niveles de desarrollo heterogéneos. En este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca como la jurisdicción más avanzada: a través de la Lotería de la Ciudad (LOTBA), administra el Registro Voluntario de Autoexclusión (ReVA), que constituye el principal mecanismo digital de autoexclusión en el país.
Por su parte, Brasil ha experimentado una reciente reforma regulatoria sistémica. La Ley N° 14.790 de 2023, junto con el Decreto N° 11.907 de 2024 —que creó la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) dependiente del Ministerio de Hacienda—, sentaron las bases del marco regulatorio para las apuestas de cuotas fijas en Brasil. Este régimen entró en vigor el 1 de enero de 2025, fecha a partir de la cual el sistema de licencias y supervisión estatal se volvió obligatorio para los operadores del mercado.
Como referente mundial, el Reino Unido —bajo la supervisión de la Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC)— ofrece uno de los marcos regulatorios más desarrollados para el juego responsable, consolidándose como un estándar internacional. Su arquitectura regulatoria, basada en la Ley de Juego de 2005 y reforzada por las reformas introducidas en el Libro Blanco de 2023 (Apuestas Altas: Reforma del Juego para la Era Digital), permite identificar claramente las brechas existentes en América Latina. En particular, destaca la centralización de los sistemas de autoexclusión: el programa GAMSTOP integra a todos los operadores con licencia en una única base de datos nacional, lo que permite a los usuarios autoexcluirse de todas las plataformas de juego en línea durante períodos definidos. En segundo lugar, el modelo británico incorpora sistemáticamente el uso de análisis de datos y evaluaciones de riesgo financiero. Con las recientes reformas, los operadores deben realizar controles de vulnerabilidad financiera y monitorear continuamente los patrones de comportamiento para detectar señales de alerta temprana de riesgo.
A partir de este análisis comparativo, se pueden identificar tres áreas prioritarias para la evolución del juego responsable en América Latina.
La primera implica la implementación de sistemas centralizados de exclusión y bloqueo a nivel regulatorio. La evidencia internacional demuestra que los mecanismos de autoexclusión individuales de cada operador tienen una eficacia limitada en comparación con los sistemas unificados.
La segunda área se refiere a la transición hacia modelos predictivos de detección de riesgos basados en datos. Los mercados más avanzados han evolucionado desde enfoques reactivos hacia marcos de análisis avanzados, donde se monitorean variables como la frecuencia de las apuestas, el volumen de depósitos y la duración de las sesiones para anticipar comportamientos problemáticos antes de que se manifiesten. Finalmente, la tercera área se refiere a la implementación de esquemas de intervención obligatorios y personalizados. La evidencia sugiere que las estrategias escalonadas —que incluyen comunicaciones dirigidas, límites dinámicos y restricciones progresivas basadas en el nivel de riesgo— son significativamente más efectivas que los enfoques estandarizados.
