El futuro del casino flotante de Buenos Aires, en duda
La Corte Suprema de Justicia revocó por unanimidad una medida cautelar que permitía el funcionamiento del Casino Flotante Puerto Madero Operar a pesar del vencimiento de su concesión. Por lo tanto, la capacidad del casino para continuar sus operaciones es ahora incierta.
El fallo afecta a Casinos de Buenos Aires SA, empresa responsable de operar los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’, cuya concesión original venció en 2019.
Por ahora, el casino flotante seguirá en funcionamiento, pues otra medida cautelar rige desde 2021 y es irreversible debido a que el Estado nunca la impugnó.
Sin embargo, la Corte Suprema instó a la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal a que le remita el expediente principal, a fin de determinar si la sala de juego puede seguir funcionando en la Ciudad de Buenos Aires, donde la constitución local prohíbe la explotación del juego en manos privadas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel José García Mansilla criticaron la decisión judicial anterior, argumentando que la medida cautelar “impedía a la administración ejercer sus facultades regulatorias”. También advirtieron sobre el riesgo de que “los jueces sustituyan a la administración en la determinación de políticas públicas”.
El casino flotante de Buenos Aires tiene una historia larga y compleja. El primer casino flotante obtuvo su licencia en 1999 para operar en Puerto Madero, una de las zonas más adineradas de la ciudad. Un segundo barco se unió al primero en 2004 y se fusionó. Estrella de la Fortuna y Princesa Buque conforman el Casino Buenos Aires.
En 2016, el gobierno nacional transfirió la supervisión del juego a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creando la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que regula las actividades de juego y ha prohibido nuevas concesiones privadas, permitiendo que las existentes continúen hasta que expiren sus contratos.
Antes del vencimiento de su contrato, Casinos de Buenos Aires SA interpuso una demanda para extender su período de operación, alegando que las decisiones estatales habían perjudicado su rentabilidad. Solicitaron una medida cautelar para mantener la vigencia de su contrato hasta la sentencia definitiva.
Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema afirma que los tribunales habían prorrogado un contrato vencido y que los jueces federales estaban extralimitándose en su autoridad, que debería pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires.
