La Coalición de Fiscales Generales quiere que el Departamento de Justicia tome medidas contra los juegos de azar en el extranjero
Una coalición bipartidista de 50 fiscales generales ha instado al Departamento de Justicia de EE. UU. a tomar medidas decisivas contra la creciente amenaza de las operaciones ilegales de apuestas en el extranjero. En una carta dirigida a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, la coalición instó al Departamento de Justicia a priorizar las medidas de cumplimiento de la ley contra las plataformas ilegales de apuestas deportivas y juegos en línea que operan al margen de la ley estadounidense.
La coalición enfatizó que estas entidades extraterritoriales, a menudo con sede en el extranjero, operan con frecuencia sin la licencia correspondiente, no implementan protecciones significativas al consumidor y evaden regulaciones estatales y obligaciones fiscales. Estas plataformas representan riesgos significativos para los consumidores, en particular para los jóvenes y las poblaciones vulnerables, y socavan la integridad de los mercados de juego regulados por el estado.
En su carta, los fiscales generales describieron los perjuicios sociales más amplios asociados con el juego ilegal en línea, incluyendo su vínculo con esquemas fraudulentos, ludopatía, lavado de dinero y otras actividades delictivas. La coalición citó estimaciones que sugieren que el juego ilegal en línea podría superar los 400 mil millones de dólares en volumen anual, lo que resultaría en más de 4 mil millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales para los estados.
Para abordar estas preocupaciones, la coalición instó al Departamento de Justicia a solicitar una medida cautelar en virtud de la Ley de Control de las Apuestas Ilegales en Internet para bloquear el acceso a sitios web ilegales y sistemas de pago asociados;
Quieren confiscar activos, incluidos servidores, dominios y ganancias financieras, utilizados en relación con operaciones de juego ilegal y colaborar con las autoridades estatales, las instituciones financieras y los procesadores de pagos para interrumpir la infraestructura financiera que respalda el juego ilegal.
La carta fue copatrocinada por los fiscales generales William Tong (Connecticut), Andrea Joy Campbell (Massachusetts), Mike Hilgers (Nebraska) y Derek Brown (Utah). Los fiscales generales de los siguientes estados y territorios se unieron a la coalición bipartidista: Alabama, Alaska, Samoa Americana, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia, Islas Vírgenes de EE. UU., Washington, Virginia Occidental y Wyoming.
