Provincia de Buenos Aires aprueba ley que impide el acceso a locales de juego a personas con deudas por manutención infantil
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley impulsada por Germán Di Césare, un diputado de unión por la patria, que prohíbe a las personas con deudas de manutención infantil ingresar a casinos, salas de juego y establecimientos de bingo en toda la provincia.
El gobierno de Buenos Aires implementará un nuevo mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil, en consonancia con las herramientas ya establecidas por el poder judicial. La ley autoriza al Ejecutivo a implementar los procedimientos necesarios para que los establecimientos de juego identifiquen a las personas sujetas a esta restricción.
El proyecto fue desarrollado con el objetivo de permitir al gobierno provincial adoptar medidas concretas para restringir el acceso con el fin de promover el cumplimiento de las obligaciones financieras relacionadas con la manutención de los niños.
La propuesta aprobada por la legislatura provincial se aplica a quienes figuren en el RDAM (Registro de Deudores de Alimentos) por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, criterio ya establecido por el Poder Judicial porteño para determinar la mora alimentaria.
Sin embargo, la ley exige que el personal de casinos, salas de juego y bingos sea responsable de impedir el acceso de estas personas y que el Ejecutivo supervise el correcto cumplimiento de la normativa, creando un marco de responsabilidad compartida entre los establecimientos de juego y las autoridades provinciales.
En sus argumentos a favor del proyecto, Di Césare señaló que el mismo se sustenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los gobiernos “deben garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños”, y que los individuos responsables de su manutención deben proporcionar los recursos necesarios dentro de sus posibilidades.
La iniciativa de Di Césare enfatiza que las actividades de juego representan riesgos para las finanzas personales y familiares. La aplicación de la normativa será competencia del Ejecutivo provincial, que deberá coordinarse con los operadores de casinos y salas de juego para garantizar su cumplimiento.
