Legislación

Presentan nuevo proyecto de ley sobre juegos de azar en Costa Rica

Doce diputados han firmado Bill 25,057, cuyo objetivo es dotar a la Junta de Protección Social (JPS)), una organización de bienestar social que administra la lotería y otros juegos de azar, con herramientas legales mejoradas para regular el juego y cerrar las lagunas que el crimen organizado puede explotar.

El proyecto de ley propone multas y penas de prisión para quienes realicen actividades de juego ilegal, prohíbe la venta de loterías no autorizadas y faculta al Servicio de Policía Judicial (JPS) para emprender acciones legales. Al mismo tiempo, promueve la cooperación interinstitucional para desmantelar los puntos de venta ilegales y garantiza que los fondos provenientes del juego legal se destinen a objetivos sociales y no a actividades delictivas.

El proyecto establece dos tipos de sanciones para la venta o comercialización no autorizada de loterías impresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar. Los infractores enfrentarán multas de entre cinco y diez salarios base mensuales (aproximadamente entre ¢402,000 y ¢2 millones). Asimismo, quienes exploten, gestionen, operen u organicen estas actividades para obtener un beneficio económico personal o ajeno sin la debida autorización enfrentarán penas de prisión de dos a seis años.

“Este proyecto busca frenar la ilegalidad, regular el sector y fortalecer a la Junta de Protección Social como institución pública al servicio del bien común. Defender la legalidad del juego es defender la solidaridad, la equidad y el impacto social que la JPS ha mantenido a lo largo de sus 180 años de historia. Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la gestión adecuada de los recursos y el apoyo a los programas sociales que benefician a las poblaciones más vulnerables”, declaró Esmeralda Britton González, presidenta de la JPS.

El diputado Gilberth Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN), quien apoya el proyecto, explicó la urgencia de aprobar esta legislación.

La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de asistencia social y salud. Sin embargo, actualmente, más del 50% del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate esta lacra, sino que también protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, afirmó.