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México deberá pagar 92.7 millones de dólares a inversionistas estadounidenses tras revocación de permiso de casino
By James - 30 septiembre 2024
Un tribunal arbitral ordenó a México pagar 92.7 millones de dólares a un grupo de 39 inversionistas estadounidenses por la revocación en 2014 de los permisos para operar cinco casinos. El tribunal dictaminó, por dos votos a uno, que el gobierno federal, y en particular la Secretaría de Gobernación, violaron el derecho de los inversionistas a un trato justo y equitativo conforme a las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El caso, conocido como B-Mex LLC vs. México, está en litigio desde 2016 y se resolvió el 21 de junio, pero el laudo arbitral recién fue publicado este mes por el Centro Internacional de Solución de Controversias de Inversión (CIADI) dependiente del Banco Mundial.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos: “B-Mex, LLC y otras empresas e individuos presentaron una demanda contra el Gobierno de México en relación con las inversiones de los demandantes en la industria del juego. El demandante alega que una variedad de medidas mexicanas violan el Artículo 1102 (Trato Nacional), el Artículo 1103 (Nación Más Favorecida), el Artículo 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y el Artículo 1110 (Expropiación)”.
Los demandantes reclamaban una indemnización de 152.4 millones de dólares por el cierre de los casinos de Naucalpan, Villahermosa, Ciudad de México y Cuernavaca, mientras que el gobierno mexicano argumentó que, en el mejor de los casos, el negocio perdido ascendía a 11.8 millones de dólares. Los árbitros concedieron una indemnización de 80.8 millones de dólares. Los casinos operaban bajo la razón social de Juegos de Video y Entretenimiento, y la Secretaría de Gobernación los cerró debido a problemas heredados de la empresa Entretenimiento de México.
El laudo también condena a México a pagar 4.5 millones de dólares por derechos que ya no se ejercieron para abrir dos casinos adicionales y un casino en línea, en contraste con los 155 millones de dólares que solicitaban los demandantes, así como 7.5 millones de dólares por honorarios de abogados y costos de arbitraje.
El monto final a pagar podría superar los 100 millones de dólares, ya que incluye intereses del 4.57 por ciento anual, acumulados durante más de diez años. Para defender este caso, el Ministerio de Economía gastó 2.7 millones de dólares en abogados, viáticos y honorarios de peritos, entre otros conceptos.
El árbitro Raúl Vinuesa, de nacionalidad argentina y española, votó en contra de condenar a México, por considerar que los demandantes no acreditaron trato inequitativo ni intencionalidad política alguna por parte del Ministerio del Interior.
