El ex presidente de la junta de juegos de azar de la República Dominicana se declara culpable y es trasladado al hospital.
El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, fue ingresado en un centro médico tras sufrir una afección cardíaca, pocas horas después de admitir su responsabilidad en los cargos que se le imputan en el caso de corrupción conocido como Operación Calamar (Operación Calamar).
El exfuncionario admitió su responsabilidad en la recaudación de dinero de establecimientos de apuestas ilegales para permitirles operar, tras un acuerdo con el Ministerio Público, que solicitó un acuerdo de culpabilidad a su favor.
Como parte del acuerdo, Chalas Guerrero devolvió 17 millones de pesos al Estado mediante cheques, junto con dos vehículos con un valor combinado aproximado de casi tres millones de pesos.
Al hacer sus declaraciones, aceptando su responsabilidad ante la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción, el exfuncionario afirmó que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de las recaudaciones de los establecimientos de apuestas ilegales.
Afirmó que una vez habló con Donald Guerrero sobre la posibilidad de acabar con esa “estructura mafiosa” y que Guerrero aceptó su propuesta; sin embargo, después de que los ingresos disminuyeron, “el ministro (Donald Guerrero) ordenó que se mantuviera la estructura anterior”.
Afirmó que cobraban entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales “para permitir que operaran esos establecimientos de apuestas ilegales” y señaló que “como eran muchos”, desconocía el monto total recaudado.
Chalas Guerrero expresó su arrepentimiento y declaró: “Acepto que esos hechos ocurrieron y no estoy orgulloso de ello”. Se desempeñó como director de Casinos y Juegos de Azar desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 18 de marzo de 2019.
En abril de 2023, dos legisladores dominicanos Con vínculos con empresas de apuestas, varios funcionarios admitieron haber pagado sobornos mensuales a exfuncionarios del organismo regulador del juego. Según el Ministerio Público, los funcionarios corruptos recibían alrededor de US$400 mensuales en un esquema que se desarrollaba bajo la protección del entonces Ministro de Hacienda. El caso de corrupción involucra a más de una docena de políticos y exmiembros del gabinete. Según la acusación, entre 2016 y 2020, altos funcionarios conformaron una red de cobros ilegales que podría haber acumulado hasta 19,700 millones de pesos dominicanos (unos US$360 millones), lo que lo convierte en el mayor caso de corrupción en la República Dominicana.
